ORQUESTANDO EL FRAUDE ELECTORAL

 

                                                                       Febrero 15 2022

 

                                                   RESOLUCIÓN 1706 de 2019 en su  Art.5

Ordena que en el formulario E11 haya un espacio donde se ponga la firma y se registre la huella en las elecciones por parte de los sufragántes o votantes.

 El Consejo Nacional Electoral a excepción de 2 votos en contra, dio vía libre autorizando al Registrador Nacional quien no quiere cumplir y aplicar la Resolución 1706 de 2019, que determina que todo ciudadano que participe en las elecciones tenga que firmar y registrar su huella dactilar en el formulario anteriormente mencionado (E 11)  buscando que los electores no firmen ni pongan la huella.

 Ante ese atentado institucional contra la democracia ya interpusieron una Acción de Tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE); dicha Tutela se está tramitando en el Juzgado 18 de Bogotá.

 Ante este intento tan grave de cooptación, por omisión al elector, por parte del Registrador Nacional quien ya viene presentando una serie de fallas como las de nombramientos a dedo de más de 400 nuevos funcionarios con sueldos exorbitantes además, el haber realizado el pedido de la renuncia de los Registradores Regionales, y ahora el no cumplir con dicha resolución que exige la firma y la huella de todo aquel que acuda a votar a las urnas en las elecciones en Colombia, la MOE se pronunció sobre estos hechos y ha dicho que estamos en un alto riesgo electoral que socava el derecho al libre ejercicio real de decidir a quién elegir en nuestro país.

 Las razones absurdas que aduce el Registrador es que posiblemente se pueda aumentar el número de contagios en Colombia, pasando por alto que en países centroamericanos como Costa Rica, República Dominicana y suramericanos como Argentina, Chile y Perú, se han realizado elecciones cumpliendo con el  requisito que es garante para la democracias de que los votantes firmen y pongan la huella.

 Esto sin contar con el hecho de que  CTU Security está registrada formalmente como Unidad contra el Terrorismo Federal Academy LLC creada el 21 de marzo del 2008, es la misma empresa involucrada en contratar mercenarios colombianos para asesinar al presidente de Haití es la misma contratada por la Registraduría han controlado el software para cuidar el voto en las elecciones y quién la gerencia es un venezolano Antonio Emmanuel Intriago Valera carente de valores y principios éticos.

Cabe preguntarse sobre la empresa española que fue escogida para manejar el softwere del registro biométrico de las próximas elecciones.

 Y no sin antes denunciar y traer a colación la magistral y perversa jugadita del Grupo Char a través de uno de los hermanos de Alejandro Char el exalcalde de Barranquilla, tan cuestionado por el robo, a través de las cuotas obligatorias exigidas a los contratistas para la construcción del Megatanque de Barranquilla, el saqueo de la empresa de acueducto y alcantarillado municipal que fue privatizada de Barranquilla, la TRIPLE A y la compra de votos. El escándalo del caso de Aida Merlano, una de sus examantes del hoy candidato a la presidencia.

A quien además de todo lo que pasó, supuestamente intentó asesinarla después de que compraron tiquetes a Barbados a su nombre, organizándole su huida de la cárcel al volarse de un consultorio odontológico, para luego ser llevada con engaños al César con la intención de asesinarla. Plan macabro que le salió al revés  porque uno de sus acompañantes se enamoró de ella y la salvo pasándola a Venezuela donde está recluida.

Desde allí la Revista Semana realizó  una entrevista a Aida Merlano. Lo extraño es que Vicki Dávila la periodista, para nada publicó estas últimas declaraciones sobre la podredumbre y las malas prácticas del Clan Char.

 La jugadita la artificio Arturo Char en el 2015 al lograr la aprobación de la Ley 1753 por 13 Congresistas costeños en una sección del Congreso realizada en Barranquilla.

 Más tarde gracias al Contrato de la prestación de Servicios a través de la Resolución 028 del 2016 se dio el convenio entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría del Estado Civil  y Serfinansa la empresa financiera que años después en el 2019 logró ser Banco.

 Firmado en ese entonces por el Director Administrativo obrando en la virtud consagrada en la Resolución No. 230 del 20 dic del 2007  y el presidente de ese entonces de Serfinanza.

Y a ello se suma que en agosto y septiembre del 2021,comodaron el sistema de elección y las condiciones para escoger a la empresa Unión Temporal Disproel 2021. Es decir, la misma que durante 18 años ha estado encargada del cuidado de votos y la logística en general de las elecciones..

Por ello se hace un llamado urgente para exigir que adelantemos Auditorias sobre el softwere adquirido y el que va a ser utilizado por la empresa asignada a dedo para las competencias logísticas, de seguridad, traslado, conteo y reconteo de votos, de Indra Colombia SAS, y Unión Temporal Distribución Procesos electorales 2021, cuyo monto entre otras cosas es de $.1.24 billone de pesos  

Angela R

Citamos parte del texto publicado en la Revista Criterio

“Esta empresa tendrá a su cargo todo el manejo de las elecciones, desde el proveer sillas y las carpas para los diferentes puestos de votación hasta el software para procesar inscripciones y el escrutinio de estas elecciones para el Congreso, como también las consultas internas de todos los partidos y comicios presidenciales 2022.

Brindaria las diferentes herramientas tecnológicas para inscripción de Candidatos y votantes, selección y designación de jurados, revisión de firmas.

Debe proveer los sistemas de autenticación biométrica, y se sane que solo tiene cubiertas el 20% de los puntos de votación para el registro biométrico de los votos. Hecho que deja todavía más en entredicho la capacidad y eficacia de dicha empresa.

Tendrá que digitalizar, publicar y custodiar los resultados parciales y finales de las elecciones.

Esta licitación estuvo marcada por varios cuestionamientos. El primero de ellos es la forma en la que la Registraduría estructuró el contrato, pues muchos no ven con buenos ojos que todos los servicios queden centralizados en una sola empresa.

 Tengamos en cuenta las pasadas elecciones donde nos quedó el sabor amargo del robo de las elecciones pasadas en Colombia pues se sospecha que desde la compra de votos y otros ejercicios fraudulentos las elecciones pasadas también se las tobaron “sabotaje al software electoral”.

Para esta ocasión, se presentó a la licitación como Disproel, haciendo uso de la figura de unión temporal. Específicamente, aparece como Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2021. Según el proceso, dicha unión está conformada por 11 sociedades, representadas legalmente por María Eugenia Rivas Zubiría.

En el primer renglón de la junta directiva aparece Charles Goodson-Wickes, un político conservador inglés que dirige diferentes compañías. La segunda y tercera posición es ocupada por Felipe y Camilo Bautista. La cuarta y quinta plaza les corresponde a dos conocidas figuras de la política colombiana: la exministra y excandidata presidencial Noemí Sanín y el exembajador de Colombia en Ecuador y Costa Rica, Ricardo Lozano Forero.”

Revista Criterio

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